Fuente: La Verdad, Murcia
«Insostenible». Esa es la situación en la que se encuentra en este momento el sector de la Construcción en la Región, en general, y en el municipio de Murcia, en particular. Así lo señaló este lunes nuevamente el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), José Hernández, durante la firma de una declaración institucional suscrita por prácticamente todos los eslabones de la cadena que se forma desde que se proyecta una promoción de viviendas hasta que esta se entrega a sus propietarios. Así, suscriben el documento no solo los constructores, sino también los colegios oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación; y Arquitectos; y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm).
La causa sigue siendo la misma que la denunciada hace tan solo unos meses y a la que aún no se ha puesto solución: las restricciones a la edificación impuestas por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 2016, cuya área de aplicación ha quedado delimitada por el nuevo mapa de inundabilidad elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La necesidad de revisar cada expediente de concesión de licencias para determinar si es necesario articular medidas ante el posible riesgo de riadas ha generado una situación de «bloqueo», según indicó la decana del Colegio de Arquitectos, María José Peñalver. Esta parálisis, afecta en la capital murciana, tal y como publicó LA VERDAD el pasado sábado, a unas 140 obras solicitadas, de las cuales alrededor de un centenar son licencias para construir viviendas.
El texto pide conocer los criterios seguidos para la elaborar de la cartografía y suspender su aplicación hasta que se clarifiquen
En la Comunidad Autónoma, y según los firmantes de la declaración, este ‘impasse’ -si se queda solo en eso- puede afectar a unas 8.000 viviendas planificadas en 26 municipios, expedientes presentados con su cédula aprobada, subraya Peñalver.
Este embudo, según destacó la decana, se ocasiona ante la remisión de todos los expedientes al organismo de cuenca, ya que se trata de una «cantidad inasumible» -11.000 de media al año en la Región- y augura un panorama oscuro para el sector, especialmente en un municipio de Murcia, que por sus idiosincrasia y su fuerte vinculación al regadío se encuentra atravesado por diversas zonas de flujo preferente, aquellas por las que el agua circula hasta llegar al río ante los episodios de fuertes lluvias. Ello, unido la alta actividad del sector en la capital, la mayor de la Región, provoca, por tanto, una tormenta perfecta en conjunción con su situación geográfica en el Valle del Segura.
Así, Hernández reclamó el desbloqueo de una situación que genera «inseguridad jurídica» y a la que se ha llegado por una «dejación de funciones» en los tres niveles de la administración. El texto pide, además, conocer los criterios seguidos para elaborar la cartografía de la CHS y desbloquear las licencias hasta que se compruebe que esta se ajusta a la legislación. También, exige agilizar las licencias no afectadas por estas zonas y aquellas relativas a planeamientos anteriores a esa cartografía. Asimismo solicita que se informe de las infraestructuras necesarias para prevenir riadas.
El edil de Urbanismo de Murcia asegura que se trabaja para «compatibilizar todos los intereses» y pide a la Comunidad que actúe
Menos mano de obra
Este bloqueo no solo causa perjuicios en la actividad del sector y en sus beneficios, sino también en los trabajadores de las construcción, ante la reducción de contrataciones, dada la menor demanda de mano de obra, según destacó el tesorero de la Asociación de Promotores, Salvador Arce. A ellos, y junto con los perjuicios económicos del sector, se suman los que padecen los compradores, de las viviendas afectadas, sometidos a un «daño moral», subrayó el representante de los promotores.
Incluso, desde el Colegio de Aparejadores se apunta otro ámbito: el del dinero de Europa, ya que se podrían perder partidas procedentes de los fondos ‘Next Generation’ ante la falta de ejecución en tiempo de las obras subvencionadas para la rehabilitación de viviendas, ya que también se encuentran incluidas en esta problemática. «No tiene sentido que, por ejemplo, se haya pedido emitir un informe para una obra de reforma en una quinta planta del edificio de los ‘9 Pisos’», señalan desde el Colegio de Arquitectos.